El Consell prevé demoler los bungalós ilegales de Tabarca a principios de 2013

El procedimiento judicial y administrativo vinculado a la construcción de seis bungalós en           zona de servidumbre de paso de Tabarca está a punto de alcanzar un hito importante. La Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente está a punto de cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que dejaba sin efecto la licencia concedida para su construcción e instaba al departamento autonómico a promover su demolición.
Infraestructuras confirmó ayer a este diario que el proyecto de ejecución de la demolición de estos bungalós ya esta concluido y supervisado. Por tanto, todo está listo para que el concurso para ejecutar los derribos salga a licitación en las próximas semanas.
Según el departamento del Consell, está previsto que las obras de demolición comiencen «a principios de 2013».
Hace más de un año, Infraestructuras decidió darle un impulso a este procedimiento, al que está obligada desde 2009 en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo. Tal sentencia ratificaba otra del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2003, en la que se declaraba nula la resolución del director general de Obras Públicas de la Generalitat del 17 de junio de 1999 que autorizaba la construcción de los adosados.
El motivo es que consideraba justificado que se habían edificado en suelo de servidumbre de paso o, lo que es lo mismo, en un área de protección en la que está prohibido levantar viviendas. En concreto, las viviendas unifamiliares están situadas entre las calles Bergantín, Torreón y En Proyecto. Una zona calificada como urbana y edificable, según el Ayuntamiento, cuando concedió su licencia municipal al promotor, pero en la que, según los tribunales, no se puede construir por tener que reservarse para el paso, por lo que obligan a la demolición y restitución del suelo a su estado original.
A principios de julio de 2011, Infraestructuras comunicaba al Ayuntamiento el inicio del procedimiento de derribo y le instaba a aportar toda la documentación obrante sobre este proceso. Durante estos meses, la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas ha elaborado el proyecto de demolición.

Viviendas adosadas construidas en suelo protegido de Tabarca. :: R. M.

Demandas de los propietarios

Mientras, algunos de los propietarios de las seis viviendas afectadas, entre ellos el promotor, Pascual Orts, han tramitado demandas incidentales ante el TSJCV. Orts interpuso también un recurso ante Conselleria en vía administrativa, por la demolición y por la indemnización, pero fue desestimado.
En su demanda incidental, Orts reclama que la Conselleria se haga responsable de sus propios actos (concesión de la autorización para edificar en la zona de su competencia). Por otro lado, pide que las consecuencias y daños que se deriven del hecho de haber otorgado esta licencia las asuma «frente a terceros de buena fe que somos nosotros, que contábamos con su autorización y con la licencia municipal que nunca ha sido recurrida», explica el promotor y exalcalde de Santa Pola, Pascual Orts.
Además, reclama al tribunal que aclare el alcance de la anulación de la autorización otorgada. Y es que dicha autorización autonómica solo tiene vigencia en la franja de suelo situada dentro de los 20 primeros metros desde el litoral. Sin embargo, hay una vivienda y media que están fuera de esta franja. Por ello, los propietarios y el promotor consideran que al menos éstas deberían mantenerse en pie, dado que, aunque están adosadas al resto, pueden subsistir de forma independiente.
Estas demandas aún no han sido resueltas por el TSJCV.
Sobre las indemnizaciones, que serán millonarias, aún no está claro si va a asumirlas la Generalitat al completo o, si como intentó lograr hace un año, pedirá al Ayuntamiento una responsabilidad subsidiaria en este proceso. El Consistorio siempre ha defendido que su licencia no ha sido anulada.

EN RESUMEN

Derribo. El proyecto de ejecución ya está acabado y supervisado, listo para salir a licitación.
Tribunales. El derribo cumplirá una sentencia del TS de 2009. No obstante, los propietarios y el promotor interpusieron demandas en el TSJCV para que la Conselleria asuma las indemnizaciones y que no se derruyan las viviendas construidas en suelo no protegido.
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